sábado, enero 11, 2025

El fallido golpe de Estado en Bolivia revela debilidades sociales emergentes

El escritor y corresponsal internacional estadounidense John Gunther, en un momento de inspirada elegancia, acuñó en 1944 la siguiente frase: Bolivia no es un país, es un problema. Se refería a la inestabilidad política de Bolivia. Irónicamente, es una de las pocas cosas estables del país. En la montaña rusa política que sacude a los bolivianos entre golpes de Estado, los bolivianos han enfrentado no menos de 194 episodios de ese tipo desde la independencia. El más reciente, el 26 de junio, encabezado por el general Juan José Zúñiga, terminó en un rotundo fracaso –y con escenas de comedia legítima.

El golpe fallido revela inestabilidad política y social

Zúñiga y sus fuerzas marcharon hasta el tradicional Palacio Quemado de la capital boliviana, La Paz, para derrocar al actual presidente de Bolivia, Luis Arce. Sus hombres incluso derribaron una reja con un vehículo blindado. El problema, como recuerda Gunther, es que Arce no trabaja en el Palacio Quemado, sino que ocupa el Gran Palacio del Pueblo, un edificio moderno en una esquina de la misma cuadra.

En una escena que dio la vuelta al mundo, Arce se acercó a Quemados y encaró a Zúñiga. Con el apoyo de los políticos, parte de las Fuerzas Armadas y la sociedad, Arce convirtió en polvo el desorden. Luego caminó de regreso al Gran Palacio del Pueblo y juramentó a una nueva jefatura militar. “Nadie nos puede quitar la democracia que hemos conquistado. Estamos seguros de que seguiremos trabajando”, dijo mientras las tropas de Zúñiga abandonaban la plaza.

Más allá de la torpeza, la acción en Bolivia revela un grado considerable de gravedad si se la coloca en el contexto de las crisis que aterrorizan a América del Sur. Basta recordar los recientes ataques a la democracia perpetrados en Perú, Chile, Venezuela, Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia, incluida la acción criminal de los partidarios de Bolsonaro el 8 de enero en Brasil. Ya sean gobernados por la izquierda o por la derecha, los países emergentes de América Latina no pueden seguir el ritmo de sus competidores. Las heridas de siempre –el atraso tecnológico, la pobreza, la desigualdad, la escasez de productos de valor agregado para la exportación– siguen expuestas en el siglo XXI.

Bolivia aún no ha escapado del yugo colonial

El golpe de Estado y la agitación política en Bolivia tienen su origen en el litio. El país cuenta con las mayores reservas mundiales de este mineral. Se estima que las regiones al sur de Bolivia contienen 21 millones de toneladas, especialmente en la zona conocida como Salar de Uyuni. El litio es la materia prima de las baterías, especialmente las de los coches eléctricos. Como la industria del sector ha crecido espectacularmente en los últimos años, el precio del producto por tonelada ha pasado de 5.000 dólares en 2010 a 80.000 dólares en 2022.

Estados Unidos y China, los principales fabricantes de vehículos con baterías de alto rendimiento, están librando una guerra silenciosa por el control de la producción. Actualmente, la producción y exportación de litio está controlada por los chinos. Mientras el gobierno estadounidense lucha por el control de la producción de litio, se pueden esperar más temblores sísmicos pronto. La fallida y desacertada invasión de Quemados demuestra que Bolivia, y el resto de América del Sur, aún no se han librado del dominio colonial. caudillo La figura del líder. “Es típica de las repúblicas bananeras de los países colonizados”, explica Paulo Niccoli, doctor en Ciencias Sociales y profesor de la Casa do Saber, quien entrevistó al expresidente Evo Morales en 2022 y publicó un libro sobre el movimiento que lo sacó del poder tres años antes: El golpe de Estado de 2019 en Bolivia: el imperialismo contra Evo Morales.

Arce tiene dos problemas entre manos

Ahora Arce tiene que lidiar con los torpes militares además del apetito insaciable de Evo Morales. A pesar de provenir del mismo partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), Morales quiere recuperar el partido para volver al poder en las elecciones de 2025. Arce solía ser amigo de Morales, quien, a su vez, apoyó su elección. Sin embargo, Morales cortó lazos por la cercanía de Arce con figuras de derecha. Entre ellas estaba Zúñiga. “Hay que entender el país. Tienes centros económicos como Santa Cruz de la Sierra, totalmente dominado por la derecha neoliberal, pero el resto de Bolivia es mayoritariamente progresista. Para gobernar, Arce empezó a traer a varias figuras de derecha, entre ellas este general que promovió el golpe teatral, está acusado de corrupción y ha tenido numerosos conflictos con Morales”, explica Niccoli.

La idea de Zúñiga era utilizar el golpe para enterrar la posible candidatura de Morales a las elecciones presidenciales de 2025, en detrimento del intento del presidente Arce de ser reelegido. Zúñiga creía que Arce aceptaría un autogolpe, permanecería en el poder y cancelaría las próximas elecciones. Sin embargo, la Corte Suprema local ni siquiera ha autorizado el intento de Evo de obtener un quinto mandato. Morales continúa haciendo campaña en todo el país para movilizar apoyo. Claramente, el enfoque de Zúñiga fue a medias e innecesario.

“La maniobra fue totalmente anacrónica”, resume Niccoli. “Con el fin de la Guerra Fría y la estabilidad de las democracias, comenzó la era de los llamados golpes blandos, sin uso de la fuerza militar”. Niccoli cita también los casos de los Kirchner en Argentina y de Michelle Bachelet en Chile, todos auspiciados, dice, por los poderes económicos. “El guión es siempre el mismo”. No para Zúñiga, al parecer.

Poco antes de ir a la cárcel, un aislado Zúñiga amenazó con liberar a dos acérrimos opositores de Arce: la expresidenta interina Jeanine Añez y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Pero el problema –para retomar la frase del corresponsal internacional– es que ambos condenaron enfáticamente el intento de golpe. “El mandato del voto popular debe ser respetado. Cualquier acción en contra del mismo es absolutamente ilegal e inconstitucional”, afirmó Camacho. El Ministerio Público boliviano promete investigar y encarcelar a los militares y civiles que participaron en la acción. Pasan los años y las décadas, y Gunther tiene cada vez más razón.

[Cheyenne Torres edited this piece.]

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la política editorial de Fair Observer.

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