Más de 730.000 rohingya huyeron de Myanmar después de una represión militar en 2017 y se vieron obligados a vivir en campamentos miserables al otro lado de la frontera con Bangladesh.
Los investigadores de la ONU concluyeron que la campaña militar había sido ejecutada con «intención genocida».
Un portavoz de la CIJ se negó a confirmar las fechas para la programación de una nueva audiencia.
En diciembre de 2019, la premio Nobel de la paz Suu Kyi, entonces líder civil de Myanmar, asistió personalmente a las audiencias en La Haya para pedir a los jueces que desestimaran el caso.
Fue depuesta en un golpe de 2021 y desde entonces ha sido sentenciada a seis años de detención y enfrenta una serie de cargos adicionales. La toma del poder por parte del ejército del gobierno elegido democráticamente provocó protestas generalizadas.
El gobierno militar ha estado luchando por el reconocimiento internacional y podría estar ansioso por la oportunidad de mostrarse como los representantes legítimos de Myanmar en el tribunal supremo de la ONU.
Fuentes cercanas al caso dicen que la junta se ha comprometido con la corte para presentar informes ordenados por la corte cada seis meses sobre la situación con los rohingya. Los informes no son públicos.
El siguiente paso en los procedimientos de la CIJ es la impugnación de la jurisdicción de la corte por parte de Myanmar. La cuestión de si se cometió genocidio en Myanmar se tratará en audiencias posteriores.