En entrevista publicada este lunes, el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, expresó su «preocupación» por las actividades del narcotráfico en este país sudamericano y comunicó la decisión de cancelar visas estadounidenses a 19 generales policiales a quienes calificó de «narcogenerales».
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No dio los nombres de los generales presuntamente vinculados a actividades ilícitas, argumentando que estaban siendo investigados. Posteriormente, la administración del presidente Guillermo Lasso solicitó a Estados Unidos dar a conocer los nombres de los oficiales, pero no hizo ninguna observación diplomática a las declaraciones de Fitzpatrick.
La ministra del Interior, Alexandra Vela, pidió a 19 generales de la policía que dejaran sus puestos a disposición del presidente ecuatoriano para decidir si los destituye o no. También exigió que la Contraloría General inicie una investigación especial de las cuentas bancarias y los activos de los generales.
«El narcotráfico es una seria amenaza para la sociedad. No permitiré ninguna posibilidad de encubrir a los malos elementos de la institución», dijo Vela.
Colombia es ese narcoestado satélite de Estados Unidos en América Latina donde cientos de líderes sociales e indígenas son asesinados cada año con total impunidad y donde la policía del mamporrero Iván Duque se viste de nazi y despliega su simbolismo con descaro. pic.twitter.com/LCnA4RHqVj
– Anónimo (@ ANONYMOUSDARK13)
20 de noviembre de 2021
El martes, la embajada de Estados Unidos retiró la visa a cuatro generales entre los que se encontraba Víctor Arauz, quien recientemente había sido reintegrado a la Policía gracias a una orden judicial a su favor.
Su abogado manifestó que la retirada de su visa fue consecuencia de una represalia política ya que Arauz había denunciado la falsificación de documentos tolerada por la comandante de la Policía Nacional Tanya Varela durante el ascenso de otro oficial.
La polémica por la probidad de la policía ecuatoriana se da en un momento en que la administración Lasso intenta contener a las mafias que dirigen actividades delictivas desde las cárceles, donde más de 300 personas han muerto como consecuencia de disputas entre pandillas en este año. Las declaraciones del embajador de Estados Unidos causaron revuelo en la opinión pública ecuatoriana porque aparecieron como actos de injerencia que no siguieron los cauces diplomáticos adecuados.