Mauricio Estrada Zamora, reportero policial de 38 años del diario local La Opinión de Apatzingán, salió de su lugar de trabajo en el estado mexicano de Michoacán a última hora de la tarde del 13 de febrero de 2008. Ya estaba oscuro cuando cerró las oficinas editoriales para irse a casa con su esposa y su hijo pequeño. Pero nunca llegó. Esa misma noche, el auto de Estrada fue encontrado abandonado a un costado de la carretera. Poco tiempo después, su familia lo reportó como desaparecido. Sin embargo, el caso nunca fue resuelto por las autoridades mexicanas. Casi 15 años después, aún no hay rastro de Estrada.
Un caso criminal sin resolver de presunto secuestro y asesinato desencadenaría columnas y operaciones policiales a gran escala en otros países. Pero en México, el destino de Estrada apenas merece un titular, y está lejos de ser un caso aislado: 27 periodistas han desaparecido allí desde 2003, según la organización de libertad de prensa Reporteros sin Fronteras (RSF), y todos ellos todavía se consideran desaparecidos. Todos son casos sospechosos de secuestro o “desaparición forzada”, pero ninguno de ellos ha sido completamente resuelto. En algunos casos, se ha arrestado a presuntos secuaces, pero los instigadores del crimen siguen prófugos. Así sucedió también con el periodista Roberto Carlos Flores Mendoza desaparecido el 20 de septiembre de 2022.
No es ningún secreto que la situación de los profesionales de los medios en México ha sido precaria durante años y ha empeorado últimamente. Las cifras de RSF muestran que ningún otro país del mundo ha visto tantos periodistas asesinados en relación con sus trabajar o desaparecer sin rastro en circunstancias inexplicables como en México. Según el recuento de RSF, 15 periodistas han sido asesinados en lo que va de 2022, al menos 12 de ellos por su trabajo. Esto es más que nunca antes en tan poco tiempo.
Un círculo vicioso de violencia e impunidad
A pesar de lo preocupantes que son estas horrendas cifras, la mayor amenaza para los periodistas en México proviene de la corrupción desenfrenada de las autoridades y sus estrechos vínculos con el crimen organizado, especialmente con los cárteles de la droga. Son precisamente estas redes las que paralizan el sistema de justicia mexicano en todos sus niveles. Los delitos contra los profesionales de los medios rara vez se procesan, y mucho menos se castigan. Esto a su vez crea una espiral mortal que es más amenazante para los periodistas que intentan investigar esta corrupción arraigada. Incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien Anunciado reformas cuando asumió, no ha podido acabar con este círculo vicioso de violencia, corrupción e impunidad.
Es cierto que ya hay varias medidas gubernamentales en México para mejorar la situación. En la práctica, sin embargo, a menudo resultan ineficaces. los Índice de transformación de Bertelsmann (BTI) afirma que aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad, los resultados siguen siendo “escasos, por no decir contradictorios”. Algunos ex funcionarios y representantes del gobierno están siendo investigados y ha habido una operación a gran escala contra el robo de petróleo. Sin embargo, el hecho de que el gobierno esté tratando de eludir o debilitar las agencias anticorrupción genera dudas.
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El poder judicial también lo es, dice el BTI en otra parte“claramente sesgada” y los ciudadanos siguen enfrentándose a un “sistema judicial muy corrupto en el que se libera a los delincuentes y se detiene a personas inocentes durante años antes de ser juzgadas”.
Una reprimenda de la ONU podría mejorar las cosas
En un intento por mejorar la catastrófica situación de seguridad, las organizaciones de libertad de prensa como RSF están luchando en varios niveles para aumentar la presión sobre las autoridades mexicanas. Por ejemplo, RSF participa en el “Voces en defensa”, junto con su organización socia mexicana Propuesta Cívica, para investigar casos de asesinato y secuestro sin resolver. El 2 de noviembre, Día Internacional contra la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, RSF y Propuesta Cívica dieron un paso más: juntos presentaron dos denuncias, las llamadas “comunicaciones individuales”, ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
La ONU debe ahora tomar una posición clara sobre el caso del periodista periodístico y docente universitario Ramón Ángeles Zalpa, desaparecido en 2010, y también sobre el expediente Mauricio Estrada Zamora. Las organizaciones pasaron un año preparándose para este paso en estrecha consulta con las familias involucradas. La selección de estos dos casos no es casual. Tanto Zalpa como Estrada desaparecieron en el estado de Michoacán, y RSF y Propuesta Cívica han analizado recientemente, en detalle, el trabajo de la fiscalía allí. Alegan que los dos casos tuvieron numerosas omisiones en sus investigaciones, tanto a nivel estatal como nacional. Los crímenes no fueron investigados con la debida diligencia, ni hubo esfuerzos serios para encontrar a los periodistas e identificar a los perpetradores y quienes estaban detrás de ellos.
Ante estos hallazgos, las organizaciones acusan al Estado mexicano de haber violado sus obligaciones bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ahora debería hacer un llamado a México para que finalmente lleve a cabo una investigación eficiente y exhaustiva y compense a las familias afectadas. Queda por ver si el Comité realmente hará tal “recomendación”.
[Bertelsmann Foundation first published this article.]
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