GUAYAQUIL: El exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas fue liberado de prisión el domingo (10 de abril), luego de que un juez dictaminara que su bienestar físico y psicológico estaban en riesgo, dijeron funcionarios y partidarios de Glas.
Glas había sido sentenciado a prisión en 2017 después de que un tribunal lo declarara culpable de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de entregarle contratos estatales a la firma plagada de escándalos. Cumplió cuatro años y medio.
Un juez dictaminó el sábado que debe ser puesto en libertad luego de una petición de hábeas corpus, dijo un tribunal de la provincia de Santa Elena en un comunicado.
“Sobre el citado ciudadano pesan tres sentencias, dos de ellas ya ejecutadas, por los delitos de asociación ilícita y cohecho, y un proceso por peculado, cuyo recurso de apelación aún está por resolver”, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Los videos en las redes sociales mostraron a Glas saludando a cientos de simpatizantes cuando salía de la cárcel, mientras que su exjefe, el expresidente Rafael Correa, tuiteó su apoyo.
“Jorge ha recuperado su libertad a través de un habeas corpus que determinó que sus garantías (jurídicas) han sido violadas y además que el contexto de inseguridad que se vive en los penales hace que dichos centros se vean absolutamente impedidos de brindarle la atención que necesita por su estado de salud. Jorge sí», dijo el legislador y aliado de Glas, Fausto Jarrín, a los periodistas frente a la prisión de Cotopaxi.
Glas no puede salir de Ecuador y debe presentarse ante las autoridades una vez al mes, agregó Jarrín.
El propio Correa, que vive en Bélgica desde que dejó el cargo en 2017, ha sido condenado a ocho años por financiar su movimiento político con cargos injustos impuestos a los contratistas.
Correa ha negado haber actuado mal en ese caso y en otros y dijo que las investigaciones en su contra son una persecución política.
Veinte personas fueron asesinadas en una prisión de Cuenca a principios de este mes, el último incidente mortal en las cárceles del país, donde el año pasado la violencia mató a 316 personas.