El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este lunes la promulgación de la Ley para la Protección de los Bienes, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Exterior.
RELACIONADO:
Presidente venezolano Maduro se reúne con la Cooperación Brasileña
“Tenemos un nuevo instrumento legal y constitucional para proteger todo el patrimonio que es de todos los venezolanos. Cumplámoslo”, dijo Maduro durante la quinta edición del programa “Con Maduro+”
Según el Presidente, brinda herramientas jurídicas al Estado venezolano para la defensa de los bienes de la República ubicados en el exterior.
En la ocasión, el presidente de la Comisión Permanente de Política Interior, diputado Diosdado Cabello, dijo que la nueva ley complementa la Ley Orgánica de Extensión de Dominio, vigente desde finales de abril.
Aprobada la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Extranjero, un nuevo instrumento legal y jurídico para la defensa de los bienes y el patrimonio de las y los venezolanos. ¡Con Maduro, Más Leyes y Más Protección! pic.twitter.com/iDYKNq9usk
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)
23 de mayo de 2023
Se aprueba la Ley para la Protección de los Bienes, Derechos e Intereses de la República y sus Entidades en el Exterior, nuevo instrumento legal y jurídico para la defensa de los bienes y patrimonio de los venezolanos. ¡Con Maduro, más leyes y más protección!
La nueva ley tiene como objetivo garantizar al pueblo venezolano justicia inmediata respecto del despojo de bienes y bienes venezolanos, parte fundamental de la política de sanciones unilaterales de la Casa Blanca contra el país sudamericano. Con sus 13 artículos, fue previamente aprobado por unanimidad por el parlamento venezolano.
Cabello dijo que declara la nulidad de todo acto que pretenda decomisar los bienes de la República, obliga a todos los venezolanos a proteger los bienes del país, y además establece responsabilidades legales individuales para quienes atenten contra el patrimonio del país.
La ley fue debatida por más de 135 personas pertenecientes a universidades y diferentes organismos del Estado. También se realizó un referéndum convocado por el Parlamento, en el que participaron 1.800 personas que dieron su opinión al respecto.