Unas 820 personas, incluidos políticos, han sido acusadas en el caso de enviar yihadistas a Siria, dijo ayer un funcionario judicial en Túnez.
El portavoz oficial de la Corte de Apelaciones de la capital, Habib Tarkhani, agregó que es probable que el número aumente.
El presidente del Movimiento Ennahda, Rached Ghannouchi, su adjunto y ex primer ministro tunecino Ali Laarayedh, y otros parlamentarios de Ennahda han sido investigados en el caso. Desde entonces, todos han sido liberados en espera de que se completen más investigaciones.
Sin embargo, el Ministerio Público apeló la decisión del juez de dejarlos en libertad.
En 2017, el gobierno estimó que alrededor de 3.000 tunecinos habían viajado para luchar en zonas de conflicto en el extranjero, la mayoría con rumbo a Siria. Los informes internacionales ponen el número más alto.
En ese momento, el Ministerio del Interior dijo que unas 800 personas habían regresado a Túnez.
La Ley contra el terrorismo y el blanqueo de capitales, que Túnez promulgó en 2015 para cumplir las normas europeas, permite el enjuiciamiento en Túnez de las personas involucradas en actos terroristas en el extranjero.
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