El gobierno alemán ha recibido una mala noticia en un momento de complicadas negociaciones presupuestarias: el Tribunal Regional Superior de Colonia ha fallado a favor del proveedor de mascarillas protectoras que el Ministerio Federal de Sanidad había encargado en 2020 cuando comenzó la pandemia de COVID-19, pero que luego se negó a aceptar o pagar. Los jueces dictaminaron que el ministerio debía pagar 85 millones de euros (92 millones de dólares) más 33 millones de euros en intereses de demora.
La sentencia puede tener consecuencias, ya que hay otras cien demandas similares pendientes en los tribunales. Si el Ministerio de Sanidad también las pierde, podría enfrentarse a una pérdida récord de 2.300 millones de euros en total.
La compra de mascarillas se considera ya uno de los mayores escándalos de despilfarro fiscal de la historia de la República Federal de Alemania.
El cálculo (erróneo) de Jens Spahn
Una mirada al pasado: en marzo de 2020, el mundo estaba literalmente invadido por el coronavirus. No había vacunas y escaseaban las prendas de protección médica. Las mascarillas respiratorias con el estándar FFP2, KN95 o N95, que se supone que ofrecen una protección fiable contra el virus, escaseaban desesperadamente y había una avalancha mundial de ellas.
«China, que en aquel momento producía alrededor del 80% de estas mascarillas, estaba confinada y había suspendido las exportaciones», recuerda Simone Borchardt, diputada de la Unión Cristianodemócrata (CDU), de centroderecha, que encabezaba el Gobierno en aquel momento. «En Alemania, incluso elaboramos directrices sobre cómo se podían utilizar varias veces las mascarillas y si se podían lavar, así de locos eran las cosas en aquella época», explica Borchardt en un debate celebrado en junio en el Bundestag.
En vista de esta situación, el entonces ministro de Sanidad, Jens Spahn (CDU), decidió adquirir mascarillas en una especie de procedimiento de «puertas abiertas». En este proceso, el organismo gubernamental correspondiente firma contratos con todas las empresas interesadas, de modo que todos los proveedores tengan una oportunidad.
El ministro de Sanidad pensó que, en la competencia mundial por las mascarillas, bastaba con fijar un precio lo suficientemente alto para garantizar que Alemania recibiera las mercancías. En contra de la recomendación de los funcionarios de su ministerio, que consideraban adecuado un precio de tres euros por mascarilla, Spahn fijó el precio en 4,50 euros para las mascarillas FFP2 y en 0,60 euros para las mascarillas quirúrgicas. La respuesta superó las expectativas y, al final, el ministerio se encontró con que había realizado pedidos por 5.700 millones de mascarillas.
«El precio fijado es demasiado alto», afirmó Martina Stamm-Fibich, del Partido Socialdemócrata de centro-izquierda (SPD), que en aquel momento era socio menor de la CDU de Spahn y que actualmente dirige el Gobierno del canciller Olaf Scholz. «En mi opinión, esto ya plantea la cuestión de cómo fue posible calcular los precios sin tener en cuenta la evolución del mercado y quién tiene la responsabilidad política de ello», afirmó Stamm-Fibich en el Bundestag.
Jens Spahn se muestra a la defensiva: «Con la información que tengo hoy, sin duda tomaría otras decisiones», reconoció el político de la CDU en el debate. «Y sí, en retrospectiva no puedo recomendar el ‘procedimiento de puertas abiertas’ en una situación como esta».
Sin embargo, argumentó, tuvo que tomar decisiones rápidamente en tiempos desesperados: había vidas humanas en juego y el personal médico exigía protección. «Adquirimos mascarillas. ¿Eran caras? Sí. ¿Fue caótico a veces? Sí. Fue lo mismo en todos los países del mundo», dijo Spahn. «No recuerdo que nadie advirtiera en ese momento que se aseguraran de que el precio no fuera demasiado alto, pero conozco a mucha gente que dijo: ‘Consigue mascarillas a cualquier precio'».
¿Se equivocó el Ministerio de Salud en sus cálculos?
El cálculo del Ministerio Federal de Salud fue que, si cinco millones de trabajadores sanitarios necesitan dos mascarillas al día, se necesitarían más de tres mil millones de mascarillas al año.
Sin embargo, al final solo se distribuyeron 1.700 millones de las mascarillas pedidas. Ya en 2023, 1.200 millones de mascarillas protectoras fueron destruidas porque su fecha de caducidad había vencido.
Lo que Spahn no dice es que el Ministerio de Sanidad debió llegar a la conclusión temprana de que había cometido un error de cálculo. El procedimiento de «puertas abiertas» se terminó abruptamente en mayo de 2023 y los funcionarios del ministerio intentaron encontrar formas de librarse de la mayor cantidad posible de contratos.
La oportunidad surgió cuando algunas empresas no entregaron la calidad esperada. En esos casos, el ministerio se retiró unilateralmente del contrato de compra. Lo mismo sucedió con los proveedores que no pudieron entregar a tiempo o que solo entregaron una parte de las mascarillas en la fecha acordada. Los contratos de compra hacían referencia a un «trato cerrado» que estipulaba que todas las obligaciones contractuales cesarían una vez vencida la fecha de entrega.
Pero precisamente esta cláusula fue la que el Tribunal Superior Regional de Colonia declaró inválida. Los jueces consideraron que los proveedores se encontraban en una «desventaja irrazonable» y que el Ministerio debería haber sido más flexible y haber fijado un plazo posterior más breve.
El Ministerio Federal de Sanidad pretende que el caso sea esclarecido en el más alto nivel por el Tribunal Federal de Justicia. Si el tribunal rechaza el caso, la sentencia de Colonia será vinculante y probablemente tendrá repercusiones en los demás procedimientos judiciales, con las correspondientes consecuencias económicas.
Reevaluación continua de las medidas frente al COVID-19
Más allá de la lucha jurídica, el debate político también continúa, y va mucho más allá de los precios de las mascarillas médicas. ¿Estaban justificadas las medidas del gobierno contra el coronavirus, con sus profundas y amplias intromisiones en los derechos fundamentales? ¿Qué lecciones se pueden aprender de la pandemia y qué se debería hacer de manera diferente en el futuro?
Sin embargo, los partidos de la coalición de gobierno de centroizquierda en el poder (SPD, Los Verdes y el neoliberal Partido Liberal Demócrata (FDP)) no han podido ponerse de acuerdo sobre la forma adecuada de la revisión. Los tres partidos están a favor de un consejo ciudadano. Los Verdes y el FDP también están presionando para que se cree una comisión de investigación en el Bundestag que permita a los legisladores y expertos ser escuchados y hacer recomendaciones para los procedimientos futuros.
Este artículo fue escrito originalmente en alemán.
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