Nombramientos de jueces resueltos, es hora de centrarse en la gobernanza
Con el nombramiento de dos jueces del Tribunal Constitucional por parte del presidente interino Choi Sang-mok el martes, el juicio político contra el presidente Yoon Suk Yeol finalmente ha cobrado impulso. Aunque Choi detuvo el nombramiento de un candidato recomendado por la oposición, su decisión es ampliamente considerada como una elección pragmática dadas las realidades políticas. El Tribunal Constitucional ya se había pronunciado anteriormente sobre la destitución de la presidenta Park Geun-hye en marzo de 2017 con una sala de ocho jueces. Por lo tanto, es poco probable que cualquier decisión que tome el tribunal en este caso enfrente desafíos importantes en términos de aceptación pública.
Algunas figuras del partido gobernante han criticado la decisión de Choi, acusándolo de extralimitarse en su autoridad. Sin embargo, Choi ejerció simultáneamente su poder de veto sobre dos proyectos de ley de fiscales especiales: uno relacionado con la supuesta insurrección y otro dirigido a la primera dama Kim Keon Hee. Si Choi carecía de autoridad para nombrar jueces del Tribunal Constitucional, entonces, lógicamente, tampoco debería tener autoridad para vetar la legislación. Apoyar su veto y condenar los nombramientos es inconsistente.
Las figuras del partido gobernante que atacan a Choi harían bien en escuchar el sentimiento público más amplio en lugar de confiar únicamente en el asesoramiento interno. Una encuesta reciente realizada por JoongAng Ilbo y Embrain Public reveló que el 67 por ciento de los encuestados apoya la destitución del presidente Yoon, superando con creces el 28 por ciento que se opone. Si bien los individuos son libres de apoyar a Yoon por lealtad personal, dirigir un partido político hacia la oposición directa a la abrumadora mayoría de los votantes es imprudentemente miope, especialmente con futuras elecciones en el horizonte.
Ahora que se ha resuelto la polémica cuestión del nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional, es hora de que el gobierno y los legisladores se centren en estabilizar la gobernabilidad. El juicio político debería dejarse en manos del Tribunal Constitucional, mientras que las prioridades nacionales urgentes exigen atención inmediata. El Partido Demócrata, en particular, debe abstenerse de las habituales mociones de juicio político y asumir un enfoque responsable en materia de gobernanza.
En cuanto a los proyectos de ley del fiscal especial sobre la insurrección y la primera dama, un compromiso entre los partidos gobernante y de oposición es el único camino viable a seguir. El partido gobernante ha planteado preocupaciones válidas sobre un posible sesgo político si se concede a la oposición autoridad exclusiva para nombrar al fiscal especial. Una alternativa neutral, como permitir las nominaciones por parte del Presidente del Tribunal Supremo o del Colegio de Abogados de Corea, sería más apropiada. Además, el alcance de las investigaciones es excesivamente amplio. Un mandato tan amplio podría citar a miles de personas para ser investigadas, un punto de discordia planteado por el partido gobernante que no es del todo infundado. El Partido Demócrata debe reducir el alcance de estas investigaciones a una escala más realista. El partido gobernante, por su parte, debería redactar una propuesta revisada de fiscal especial libre de disposiciones polémicas y trabajar hacia una solución negociada.
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