En agosto de 2019, el entonces presidente estadounidense Donald Trump fue noticia con su sorprendente propuesta de comprar Groenlandia a Dinamarca. Si bien la idea fue recibida con escepticismo y humor, también reavivó un debate histórico y arrojó luz sobre la creciente importancia geopolítica de Groenlandia.
Mientras Trump se prepara para regresar a la Casa Blanca, su renovado interés en Groenlandia –y sus implicaciones para la política exterior de Estados Unidos y la gobernanza del Ártico– merece un examen más profundo.
La idea no es nueva. En 1868, el secretario de Estado de Estados Unidos, William H. Seward, recién adquirido de Alaska, expresó interés en Groenlandia e Islandia como parte de la estrategia de expansión de Estados Unidos. En 1946, la administración Truman ofreció a Dinamarca 100 millones de dólares en oro para Groenlandia, reconociendo su importancia estratégica en el momento en que emergía la Guerra Fría. Si bien Dinamarca declinó, a Estados Unidos se le permitió establecer bases militares en Groenlandia, incluida Pituffik (antes Thule), que sigue siendo una parte fundamental de su estrategia en el Ártico.
El atractivo de Groenlandia reside en su inmensos recursos naturalesincluidos minerales de tierras raras y reservas de petróleo y gas, así como su ubicación estratégica entre América del Norte y Europa. A medida que el cambio climático acelera el derretimiento del hielo del Ártico, la apertura nuevas rutas marítimas y las oportunidades de extracción de recursos, el valor geopolítico de Groenlandia se ha disparado. El interés de Trump en Groenlandia refleja un reconocimiento de larga data de su importancia en los asuntos globales.
Según el derecho internacional, la idea de comprar Groenlandia plantea cuestiones complejas. Groenlandia es un territorio autónomo dentro del reino de Dinamarca. Si bien Dinamarca conserva el control de los asuntos exteriores y defensael gobierno de Groenlandia gestiona sus asuntos internos y tiene derecho a perseguir la independencia total mediante un referéndum.
Comprar Groenlandia requeriría el consentimiento de los gobiernos de Dinamarca y Groenlandia. Es probable que la transacción implique negociaciones en virtud de tratados internacionales y la Carta de las Naciones Unidas, que defiende el principio de autodeterminación. La población de Groenlandia de aproximadamente 56.000 – predominantemente indígena inuit – necesitaría ser consultado, garantizando que sus derechos e intereses estén protegidos.
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