En resumen
- La fiscalía pide cinco años de prisión para cada uno de los 11 activistas de Greenpeace, de ocho nacionalidades y cuatro de ellos españoles, por un delito de desórdenes públicos.
- La protesta consistió en bloquear durante unas 12 horas un buque estadounidense con gas extraído por fracking en el puerto de Sagunto en 2021.
- Greenpeace afirma que ya ha pagado una multa administrativa de 160.000 euros por aquellos hechos.
- La organización sostiene que tiene 157.000 socios en España y más de tres millones en todo el mundo.
- Al juicio, en la Ciutat de la Justícia de Valencia, asistirán relatores de la ONU como Michel Forst y representantes de Amnistía Internacional.
Once activistas de Greenpeace se enfrentan este miércoles a un juicio en Valencia por bloquear en 2021 un buque con gas extraído por fracking en el puerto de Sagunto. La fiscalía pide cinco años de prisión para cada uno de los acusados, de ocho nacionalidades y cuatro de ellos españoles, por un delito de desórdenes públicos.
¿Qué ocurrió en la protesta de Sagunto?
La acción se dirigió en 2021 contra un buque de Estados Unidos que transportaba gas obtenido mediante la técnica del fracking. Según la versión de la organización, los activistas bloquearon el barco durante unas 12 horas y la protesta no causó daños personales ni materiales. Greenpeace afirma que ya ha pagado una multa administrativa de 160.000 euros por aquellos hechos.
¿Qué alega la defensa?
La responsable jurídica de la organización, Inés Díaz, sostiene que el caso “debió quedar siempre en el ámbito administrativo y no pasar nunca al penal”, porque, según su lectura, los once activistas “nunca alteraron la paz social, que es lo que castiga el delito por el que se les acusa”. Díaz señala que en el momento de la acción solo fue detenido el capitán, trasladado a comisaría e interrogado, y que el procedimiento se extendió después a otras diez personas. Añade que ningún responsable de la compañía ni del puerto ha reclamado daños y que no existe acusación por lesiones. Confía en que la fiscalía modifique sus conclusiones en la vista.
¿Qué dice Greenpeace?
La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha afirmado desde la popa del rompehielos Arctic Sunrise, atracado en La Marina de Valencia, que “protestar no es un delito, es una herramienta imprescindible de progreso social y de salud democrática”. Ha calificado la petición del fiscal de “absolutamente desproporcionada” y ha cifrado en 157.000 los socios de la organización en España y en más de tres millones en todo el mundo. Los responsables de Greenpeace han descrito el proceso como parte de un “intento global de intimidación de la movilización social”.
Dos de los acusados, Francisco del Pozo e Ylenia Burisch, han intervenido en la misma comparecencia. Del Pozo ha dicho que los 12 años de cárcel a los que se enfrenta por esta causa y otras dos son “como 12 chinitas en el zapato”, y ha vinculado la necesidad de seguir movilizándose con fenómenos como la dana de Valencia. En España, 24 de los 44 megaincendios contabilizados desde 1970 se han producido desde 2022. Burisch, de nacionalidad italiana, ha reconocido que ser activista es “agotador, incómodo” y que el proceso pone su vida “en pausa”.
¿Quién asistirá al juicio?
Después de la comparecencia, celebrada en el Arctic Sunrise, se organizó una visita al barco con la presencia de varios relatores de la ONU, como Michel Forst, que asistirán a la vista de este miércoles junto con representantes de Amnistía Internacional y miembros de Greenpeace. El lunes, la organización desplegó el iris de un ojo gigante de 530 metros cuadrados (26 metros de diámetro) en la cubierta del Hemisfèric de Valencia, junto a dos pancartas con los mensajes “The world is watching” (El mundo está observando) y “Activism is not a crime” (El activismo no es un crimen). El juicio se celebra en la Ciutat de la Justícia, frente a ese edificio.
¿En qué contexto llega el juicio?
La vista se celebra después de un verano que la Aemet calificó como el más cálido en España en 157 años.
Preguntas frecuentes
¿Por qué se juzga a los activistas de Greenpeace en Valencia?
Por bloquear en 2021 un buque con gas extraído por fracking en el puerto de Sagunto. La fiscalía les imputa un delito de desórdenes públicos y pide cinco años de prisión para cada uno.
¿Cuántos activistas se sientan en el banquillo y de dónde son?
Son once personas de ocho nacionalidades distintas, cuatro de ellas españolas, según el material difundido por la organización.
¿Qué pena enfrenta cada acusado?
Cinco años de cárcel por desórdenes públicos. Uno de ellos, Francisco del Pozo, suma 12 años por esta causa y otras dos.
¿Qué sostiene Greenpeace sobre la protesta?
Que fue pacífica, no causó daños personales ni materiales, que el caso debió quedarse en el ámbito administrativo y que la petición del fiscal es desproporcionada.
Con información de feeds.elpais.com.
Imagen de referencia, no corresponde a los hechos narrados. Architecture Column — The Building Envelope / Wikimedia Commons (CC0 1.0)












